La administración de Biden ordenó a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que consideren desestimar los casos de deportación que no son “prioritarios”. Hasta el momento esto no se ha aclarado completamente en cuanto a lo que constituye una “prioridad”. Históricamente, son las personas que se consideran un riesgo para la seguridad pública, también conocidas como personas con antecedentes penales y también “recién llegados”. Este fue el estándar bajo la administración de Obama para priorizar la deportación. Dicho esto, el plan actual es mucho más amplio y sustancial que cualquier cosa que se haya hecho en el sistema judicial de inmigración.

El memorando reciente de ICE es el último de una serie de cambios de política que han marcado un alejamiento de las agresivas medidas de cumplimiento de la administración Trump. También es un intento de la administración de reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración que se estima en casi dos millones de casos. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha estimado que más de 700,000 casos atrasados ​​pueden considerarse casos de baja prioridad.

El momento de este memorando y política coincide con un aumento esperado en los cruces fronterizos, como resultado de la derogación de la orden de salud pública de la administración Trump el 23 de mayo que permitió a la Patrulla Fronteriza rechazar a la mayoría de los migrantes.

El memorando se deriva de la orientación del año pasado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para priorizar el arresto y la deportación de ciertos inmigrantes. Las prioridades descritas por el DHS son las amenazas a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Las personas que cruzaron la frontera recientemente, por ejemplo, son una prioridad bajo la guía.

La “discreción procesal” – la utilización de los recursos de la corte de inmigración para ciertos inmigrantes que “merecerían” más la deportación – ha sido el enfoque de las administraciones de Obama y Biden. La administración de Biden comenzó a priorizar algunos casos el año pasado, en particular los de personas con algún tipo de solución o recurso de inmigración, aunque tal vez dentro de muchos años para reducir la carga de casos en los tribunales de inmigración. El plan actual es un movimiento muy agresivo para desestimar los procedimientos contra prácticamente todos los que han estado en los EE. UU., siempre que no tengan antecedentes penales y no sean recién llegados. Es un enfoque muy realista y justo para un tema desconcertante con el que la mayoría de los países del primer mundo están lidiando actualmente.

Uno de los grandes desafíos para los abogados de inmigración y los litigantes es retener u obtener algún tipo de documentación mínima después de que finalicen los procedimientos judiciales. Que las personas con un caso pendiente en la corte de inmigración reciban autorización de trabajo en espera de la resolución del litigio. Si su asunto judicial se rescinde correctamente, perderá este beneficio. Los tribunales a veces cierran un asunto de manera efectiva “administrativa”, lo que significa que el asunto aún está pendiente sin una fecha de audiencia futura, para permitir que las personas mantengan un documento de trabajo. El tiempo dirá si esto es parte de la política administrativa en el futuro.